La Cámara de Diputados ha dado un paso fundamental al instalar la comisión de trabajo encargada de analizar y potencialmente aprobar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para abril de 2024. Este proceso implica la participación activa del sector empresarial, organizaciones sindicales y el gobierno federal en una discusión que ha generado opiniones encontradas.
Los representantes del sector empresarial y las centrales obreras han vuelto a exponer sus diferencias respecto a la modificación del artículo 123 constitucional, mientras que legisladores de diferentes fuerzas políticas y representantes del Ejecutivo han coincidido en la necesidad de establecer una transición gradual y considerar la sectorización para evitar un impacto desmedido en las empresas.
A pesar de la advertencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, sobre un posible incremento del uno por ciento del PIB en costos para el sector privado, reafirmó la disposición a dialogar para discutir la viabilidad de esta reforma, resaltando la colaboración previa en cuestiones laborales que han representado esfuerzos económicos significativos por parte de las empresas.
